La Asamblea Legislativa de El Salvador durante años se ha caracterizado por su falta de responsabilidad en la toma de decisiones importantes para la institucionalidad del país.

El pasado 31 de abril tras la conclusión del periodo de Félix Garried Safie como Fiscal General, los diputados debieron elegir al sustituto. Sin embargo, los diputados salientes de la pasada administración decidieron delegar la responsabilidad a la nueva legislatura. Solo se avanzó en la elaboración de una propuesta de tres candidatos la cual hasta el día de hoy ha resultado estéril.


Ya a casi tres meses de vencido el plazo para la elección del nuevo fiscal de la Republica, la Asamblea Legislativa no ha mostrado otra cosa mas que su incompetencia y, quizá mucho mas preocupante, su falta de interés. A todas luces los diputados han dejado a un lado lo que la ley manda, y esto por priorizar sus interese político-partidarios y no el derecho a una pronta justicia de la población salvadoreña. Si bien la reciente y extemporánea elección de los magistrados de la Corte Suprema de justicia marca un punto de partida para que nuestros diputados puedan finalmente elegir al Fiscal general de la república, no hay que dejarse llevar por esto ya que la forma en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron electos no ha sido la más transparente y demuestra la falta de madurez política. Además la Constitución de la República determina expresamente, que el Fiscal General de la República debe ser un funcionario electo particular por la Asamblea Legislativa y no en negociaciones entre el ejecutivo y los dirigentes de partidos políticos. Mientras los políticos se enfrascan en un proceso viciado e irregular las cifras de homicidios, los casos de extorsión y la violencia en general sigue creciendo y nuestra casi inoperante institucionalidad sigue siendo cada vez más inoperante. La no elección del Fiscal General ha develado muchas de las debilidades de nuestra institucionalidad y es necesario que los señores diputados envíen un mensaje positivo a la sociedad civil, y sobre todo hay que transparentar todos los procesos de elección de funcionarios y dejar de lado los intereses político-partidarios que tanto daño le ha hecho a nuestro país.